En medio de toda esta convulsión, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Lasquetty, declaró en una entrevista a El País, que la sanidad no se privatiza. «Privatizar consistiría en vender los hospitales y darlos al sector privado para que los administrara como le pareciera conveniente –afirmaba–. Nosotros lo que hacemos es externalizar la gestión de un hospital público de titularidad pública.» «No va a pasar a ser sanidad privada. Es pública, eso sí, encomendada para su gestión a una sociedad concesionaria», añadía el consejero.

Por el contrario, buena parte de los profesionales sanitarios, los sindicatos y las asociaciones que prestan apoyo a las movilizaciones no lo entienden del mismo modo. Para la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid, de acuerdo con el diccionario de la Real Academia de la Lengua, «privatizar es transferir una empresa o actividad pública al sector privado, por lo que no puede negarse que pasar la gestión o la provisión de la actividad sanitaria de lo público a lo privado sea una privatización».

En cualquier caso, sí es verdad que existe cierto grado de confusión al respecto. Para Manel Peiró, vicedecano de profesorado de ESADE y responsable de actividades en el ámbito de la gestión sanitaria, «normalmente se confunde con privatizar la posibilidad de gestionar instituciones públicas de un modo distinto. A mí me gustaría ser más riguroso. Por privatizar podemos entender cambios que se puedan producir en la propiedad de los centros, pero también se puede privatizar la cobertura de la asistencia sanitaria. Imaginemos que, en vez de tener un sistema nacional de salud como el que tenemos, gran parte de la cobertura fuera realizada por aseguradoras privadas. En mi opinión, se es poco riguroso en la utilización del término. Se utiliza de un modo muy estereotipado, como quien «menta al diablo», para evitar algunas transformaciones que, desde mi punto de vista, son imprescindibles si queremos mantener buena parte de las características del SNS actual.»

Sobre si el hecho de transferir la gestión de un centro público a una entidad privada es privatizar, Peiró reconoce que hay muchas personas que lo entienden así, aunque defiende que eso, por sí mismo, no tiene por qué ser sinónimo de buena o mala decisión. «Para nuestra desgracia –comenta–, hay instituciones públicas que funcionan muy mal y otras que funcionan muy bien, del mismo modo que hay instituciones privadas que funcionan muy mal y otras que funcionan muy bien. No se puede tomar como un elemento universal. Lo que sí es cierto es que el marco público de gestión limita buena parte de las necesidades que tiene el sistema de salud, que pasan por que los centros disfruten de una necesaria autonomía de gestión y que los profesionales puedan estar más implicados en la gestión y dirección de los centros. En estos momentos, las limitaciones que tienen los centros públicos en cualquiera de las autonomías españolas son formidables, y lo que hacen es coartar el funcionamiento normal de los hospitales, que son instituciones volcadas en la innovación, pero que tienen enormes dificultades para incorporar nuevas tecnologías y tienen restricciones para contratar y sustituir personas. Es decir, se les impide hacer lo que haría cualquier organización con normalidad en cualquier ámbito de actividad.»

Movilizaciones en Madrid

Desde que el 31 de octubre se anunciaron los planes de transferir la gestión de 6 hospitales y 27 centros de salud madrileños a entidades privadas no han cesado las protestas. La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) señala en un comunicado que el conflicto sanitario está teniendo una repercusión muy por encima de las más optimistas esperanzas de quienes iniciaron las movilizaciones. «A una huelga sanitaria de amplitud variable –prosigue la nota- se ha unido una movilización de los profesionales sanitarios expresada en acciones de muy variada intensidad (encierros, manifestaciones, concentraciones, vigilias, etc.) y un apoyo muy sustancial de la ciudadanía, sin el cual el conflicto no habría podido mantenerse tanto tiempo en cantidad y en calidad. Lo más importante es que se ha ganado la hegemonía ante la opinión pública y que hoy prácticamente nadie se atreve a discutir, salvo algún que otro escritor a sueldo, los efectos negativos de las propuestas privatizadoras del gobierno del PP madrileño.»

A juicio de esta entidad, el anuncio de la Consejería de Sanidad ha sido la gota que ha colmado el vaso. Considera que la privatización de la sanidad madrileña es una política que viene avanzando desde que la Comunidad de Madrid asumió las transferencias sanitarias desde el antiguo Insalud. Las fórmulas han sido diversas (planes para las listas de espera quirúrgicas, hospitales PFI, concesiones administrativas, etc.), pero en estos momentos hay tres cuestiones que han desencadenado el actual conflicto. En primer lugar, la FADSP considera que el proceso privatizador se desarrollaba en pequeños pasos, pero que ahora «sufre un acelerón y se plantea un órdago que cambia sustancialmente la situación». En segundo lugar, «afecta por primera vez de manera directa al personal sanitario de los centros, que va a sufrir despidos y recortes de plantilla muy importantes, e incluso como en el caso de La Princesa, va a ver cercenado de manera definitiva su futuro desarrollo profesional.» Y en tercero, «porque ataca a la atención primaria, hasta ahora dejada de lado en los planes privatizadores del PP madrileño».

La Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS) es otra de las entidades que rechaza los planes de la Consejería de Sanidad, que a su juicio suponen una «agresiva» privatización de la sanidad madrileña, «sustituyendo el sistema sanitario público por empresas con ánimo de lucro y dinamitando las condiciones laborales de los profesionales sanitarios».

«Una vez más –declaró a principios de noviembre el secretario general de la AMYTS, Julián Ezquerra– la Administración toma decisiones que afectan a lo más profundo del sistema sanitario, iniciando un cambio que supondrá el desmantelamiento del Servicio Madrileño de Salud, herencia de un Sistema Nacional de Salud que a lo largo de los últimos 40 años hemos creado con gran esfuerzo de los profesionales, que son quienes más han aportado y del que se sienten orgullosos de pertenecer.»

Modelos de gestión

En nuestro país existen desde hace tiempo experiencias que han tratado de modificar la gestión de los centros sanitarios públicos. Manel Peiró opina que la gestión administrativa de la sanidad pública española apenas ha variado en las últimas décadas y cita entre sus problemas la excesiva burocracia, las limitaciones para contratar y adquirir bienes y servicios, la incapacidad para adaptarse a nuevas realidades, la ausencia de una verdadera autonomía de gestión o las limitaciones para que los propios profesionales sanitarios se impliquen en la gestión. El incremento continuado de los costes sanitarios y la dificultad para mantener la sostenibilidad del sistema si no cambian las cosas han movido a los políticos a buscar modelos de gestión más eficientes.

Sin embargo, para el citado experto, la puesta en marcha de modelos alternativos en España ha sido cuestionable: «Cuando se han dado casos interesantes, hemos tenido la capacidad de devorarlos y tirarlos hacia atrás. Quizás el modelo más reconocido es el de concesiones administrativas de Valencia –el llamado "modelo Alzira"–, que adolece de un gran problema que comparte todo el sistema sanitario español: la colonización política. La intervención de la Generalitat Valenciana en el sistema de concesión administrativa es, en mi opinión, excesiva y, desde el punto de vista de racionalidad del sistema, injustificada. No hay gran diferencia entre el sector público y dicho modelo, donde el intervencionismo político es excesivo.»

Peiró añade que otras alternativas han sido las PCI, «que consisten en buscar una participación privada que sirva para financiar la construcción de hospitales. Es un modelo más limitativo y deja menos opciones que el modelo de concesiones administrativas. Ahora mismo está en entredicho. También se ha intentado desarrollar fundaciones públicas, tanto en Galicia –que rápidamente dio marcha atrás– como en Baleares. Era una magnífica línea para explorar y tenía mucho más sentido, porque representaba una capacidad mucho mejor para gestionar las instituciones.»

La singular situación de Cataluña

En Cataluña, sin embargo, existe una experiencia más amplia y duradera en el uso de modelos de gestión alternativos. «Cataluña representa lo opuesto al resto del Estado –dice Peiró–, donde predominan las instituciones procedentes del antiguo Insalud. La proporción de camas que tiene el Institut Catalá de la Salud –de gestión administrativa directa– es solamente un 35%. El resto se ha cubierto con instituciones de muy distinta condición: fundaciones privadas, entidades mutuales, centros pertenecientes a la Iglesia, etc. Es cierto que con los años se ha ido produciendo una cooptación por parte del sector público en una serie de empresas públicas y consorcios. La paradoja es que se crearon para huir del "modelo Insalud", pero las fuerzas de la administración los han ido acercando al modelo del que precisamente querían desplazarse. Es una pena porque durante años han sido unas magníficas experiencias de autonomía de gestión que han conseguido servicios de enorme calidad.»

Asimismo, en esta autonomía existen distintas experiencias alternativas de gestión en atención primaria. Manel Peiró explica que, «aparte de los centros que pertenecen a los propios consorcios y otras instituciones, están las EBA (Entidades de Base Asociativa), un fenómeno interesante donde los propios profesionales médicos –y en algún caso también de enfermería– se constituyen como una sociedad para gestionar un área básica de salud. Los estudios que se han realizado hasta el momento no muestran diferencias en el funcionamiento y, en todo caso, apuntan a favor de las EBA en cuanto a satisfacción de los pacientes, atención recibida, eficiencia e implicación de los profesionales. Siempre me ha impresionado mucho ver cómo estos profesionales están tan vinculados a un proyecto y tienen tanto entusiasmo para sacar adelante un proyecto como el que gestionan.»

Evaluación de modelos

A la hora de presentar los resultados que ofrecen los diversos modelos de gestión, las opiniones no dejan de ser enfrentadas. La empresa de servicios de información sanitaria IASIST presentó hace poco en Madrid los resultados del II Estudio «Evaluación de resultados de los hospitales en España según su modelo de gestión». El hecho de que el consejero de Sanidad madrileño Fernández Lasquetty presidiera el acto de presentación es más que significativo en cuanto al tipo de resultados obtenidos. El estudio concluía que los hospitales de gestión empresarial tienen una productividad un 37% superior y un ahorro del 27% respecto a los centros de gestión directa administrativa, sin que estas diferencias afecten a la calidad asistencial, que es similar en ambos modelos de gestión, tratando a pacientes de edad y complejidad parecidas.

Evidentemente, las organizaciones contrarias a los planes privatizadores no están nada de acuerdo con esas conclusiones. Para la FADSP, se trata de un informe «hecho a medida de quienes lo sufragan». Esta federación indicaba en un comunicado que el estudio «tiene unos sesgos tan evidentes en su elaboración y contenido que se descalifica por sí solo». Entre sus deficiencias más relevantes, destacaba que es un estudio elaborado por «una entidad que no es independiente y que tiene intereses económicos y comerciales en la sanidad privatizada».

La FADSP añade que el estudio no incorpora los datos de los hospitales. Además, al no ser públicos, «no pueden ser contrastados por la opinión pública y los investigadores que tienen que fiarse de la "buena fe" de la empresa IASIST/UBM». La federación critica que la recogida de datos se basa, según dice el propio informe, en un «cuestionario» que rellenan las direcciones de los centros, y cuya credibilidad es cuestionable. «Tampoco informan sobre el área sanitaria media atendida –prosigue el comunicado de la FADSP–, un dato fundamental a la hora de analizar el funcionamiento de un hospital ni de los índices de actividad, sino de los indicadores brutos, lo que dificulta la comparación». En definitiva, concluyen que se trata de «un informe hecho por encargo a una consultora privada, que defiende sus negocios y que tiene muchos sesgos metodológicos que ponen seriamente en entredicho su validez. Muy mal tienen que estar las cosas para que los privatizadores se gasten dinero en este tipo de propaganda.»

Afrontar un futuro incierto

Nuestro sistema se enfrenta a un grave problema de sostenibilidad y los cambios que plantean los políticos, o la forma en que los plantean, no hacen más que obtener el rechazo de profesionales y ciudadanos. «Venimos de unos años muy duros y nos aguardan más años muy duros –declara Manel Peiró-, entre otras cosas porque no tenemos los recursos suficientes para sostener un sistema que ofrece unas prestaciones formidables a los ciudadanos y con unos profesionales enormemente cualificados. Las bases son buenísimas, pero la dificultad es poder sostener este sistema. El futuro que nos espera es de recortes de presupuestos y de prestaciones, y de mayor contribución por parte de los usuarios. Es así en todos los países de nuestro entorno.»

«Pero también me gustaría hacer una lectura positiva –finaliza– y es que la situación configura un escenario idóneo para acometer reformas serias y en profundidad. El sistema y los centros que operan en el sistema no se van a poder adaptar a las nuevas condiciones del escenario económico y social. Si queremos preservar unos derechos que ha costado mucho conseguir, como el derecho a una sanidad pública, universal y gratuita, hay que acometer reformas, y nunca se van a dar unas condiciones tan favorables para ello como en este momento, puesto que casi todo el mundo entiende que no se puede seguir como hasta ahora. Los recursos actuales son insuficientes para hacer frente a la situación con un modelo rígido, burocratizado y poco transparente, que no reconoce las contribuciones de los profesionales y donde el usuario tiene poco papel que desempeñar. Existe suficiente talento en el país como para sacar el tema de la arena política, dejar de utilizarlo como arma arrojadiza entre partidos, y plantear una reforma que nunca ha estado en la agenda de nuestros políticos.»