La Junta de la Sociedad Catalana de Medicina Familiar y Comunitaria (CAMFiC) ha hecho pública su posición ante los acontecimientos que están ocurriendo en Madrid, en relación a las iniciativas de la Sociedad Madrileña de Medicina Familiar y Comunitaria y a las acciones en contra del Plan de medidas de garantía de la sostenibilidad del sistema sanitario público de la Comunidad de Madrid, promovido por el gobierno autonómico.

• CAMFiC se solidariza con los profesionales y directivos de Atención Primaria en la Comunidad de Madrid.

• CAMFiC insiste en que retirar recursos de un nivel asistencial que a menudo está infradotado va en detrimento de las necesidades de salud de la ciudadanía, y a la larga supone más gasto para el sistema sanitario en su conjunto. La Atención Primaria debería ser, en estos momentos de carencia de recursos, el elemento más importante a preservar y potenciar por parte de los dirigentes de la Sanidad.

• CAMFiC desmiente que el modelo catalán de otorgar la gestión de algunos centros de AP a los profesionales tenga que ver con lo que está valorando la administración madrileña. Cualquier iniciativa que contemple la participación de los profesionales asistenciales en la gestión y organización de los centros de atención primaria es una medida acertada que mejora significativamente los resultados asistenciales y la satisfacción de los pacientes.

• CAMFiC confía en una solución acordada entre las partes, en beneficio del paciente de la atención primaria, que halla en este nivel asistencial el acompañamiento y cuidado integral necesarios, con altos niveles de eficiencia y capacidad de resolución, en especial en enfermedades crónicas, las que más recursos exigen al sistema de Salud.

• CAMFiC cree que la implantación de medidas de innovación en la gestión de los centros sanitarios de la Comunidad debe pasar por una negociación transparente, con la aceptación clara del importante papel que desempeñan los profesionales de la sanidad pública en la prestación de servicios .

• CAMFIC cree que las instituciones y organizaciones que gestionan la sanidad pública deberían ser empresas sin ánimo de lucro, con control y evaluación del servicio prestado, y de su gestión, realizado por parte de la propia Administración, de una forma transparente y publica.