Boi Ruiz tomó posesión como nuevo consejero de Salud de Cataluña el 29 de diciembre. Médico, de 56 años, diplomado en gestión hospitalaria por EADA, presidía hasta entonces la Unión Catalana de Hospitales. Ha sido un ferviente defensor del copago en función de la renta, como ha declarado en diversas ocasiones, pero se trata de un tema espinoso que le ordenó aparcar el nuevo presidente autonómico, Artur Mas.
Un día después de su toma de posesión, afirmó en una entrevista radiofónica que el copago no formaba parte de su agenda debido a las consecuencias que ocasionaría a las personas más vulnerables. Sí que habló, en cambio, de la necesidad de llevar a cabo una revisión organizativa profunda del sistema sanitario en Cataluña para tratar de paliar el déficit existente. En sus primeros días en el cargo se refirió a la situación económica de la sanidad como «dramática». Habló también de infrafinanciación, recordando que el sistema sanitario público catalán dedica a cada ciudadano una media de 1.200 euros al año para obtener unos resultados finales similares a los de comunidades autónomas que destinan unos 1.600 euros anuales.
Finanzas en «caída libre»
Hacia finales de febrero y principios de marzo, los anuncios de próximos recortes en la sanidad pública y las medidas que había en perspectiva fueron levantando una gran polvareda todavía pendiente de solución. CiU achaca al anterior gobierno el mal estado de las finanzas; por su parte, el tripartito acusa a CiU de estar desmantelando el Estado del Bienestar.
Con las finanzas en «caída libre», según palabras del propio consejero, se anunciaron algunas medidas urgentes para ahorrar los famosos 1.000 millones, lo que representa reducir en un 10% el presupuesto sanitario del año anterior. Explicó que cada centro sanitario debía gestionar cómo afrontar el ahorro en base a su propia autonomía. Medidas como pagar un 2% menos por los actos asistenciales, disminuir la actividad en un 3%, rebajar la factura farmacéutica o retrasar las inversiones en nuevas infraestructuras formaban parte del plan de choque inicial sugerido por Boi Ruiz. El consejero reconoció desde el principio que, entre otras cosas, una de las consecuencias sería el aumento de las listas de espera para determinadas intervenciones quirúrgicas.
Sobre este punto, la Consejería de Salud admitió a finales de abril que la espera para 16 intervenciones quirúrgicas –consideradas «sin riesgo vital»– podría aumentar hasta los 8 meses. Ello significa el fin de la garantía acordada por el Gobierno tripartito de que la espera para estas operaciones no superaría los 6 meses. Esas intervenciones son la liberación del nervio carpiano de la muñeca, amígdalas, cataratas, circuncisión, extirpación de la vesícula biliar, útero y próstata, juanetes, hernias inguinales, prótesis de rodilla y de cadera, artroscopia de hombro, varices, quiste sacro, reconstrucción del tabique nasal y vasectomía.
Las medidas contempladas por los centros sanitarios incluyen el cierre de quirófanos, plantas completas en varios hospitales, reducción de camas y no sustituir al personal interino. Encarna Fernández, secretaria de la Federación de Sanidad de UGT, declaró que sobre la mesa de los directivos hospitalarios se barajaban otras medidas como reducir la realización de pruebas complementarias. Dijo que en algunos hospitales ya existe la orden, desde hace semanas, de cerrar aparatos de rayos X, no por el gasto que supone su uso sino el mantenimiento de personal.
Rechazo a las medidas
La respuesta de los sindicatos no se hizo esperar. Metges de Catalunya expresó su categórico rechazo a los recortes y a cualquier medida que implicase la desintegración de las plantillas médicas actuales y pusiera en peligro el sistema sanitario público actual. El presidente del Consejo de Colegios de Médicos de Cataluña, Fernando Vizcarro, y el presidente del Foro Español de Pacientes, Albert Jovell, exigieron la retirada de los planes de choque y anunciaron movilizaciones de los facultativos en contra de un eventual desmantelamiento de la sanidad. En representación de los ciudadanos, Jovell declaró: «No nos gustaría ser las víctimas inocentes de una crisis que se ha forjado en el sistema financiero».
También respondió con rapidez la atención primaria. Diez asociaciones que representan a médicos de familia, enfermería, fisioterapeutas y asistentes sociales, entre otros, se sumaron a las protestas con un manifiesto en defensa de la salud en el que se recordaba que el presupuesto del sistema sanitario de España, que ronda el 15% del presupuesto total, es muy inferior al de otros países avanzados, que se acercan a el 20 o el 25%, lo cual repercute en la calidad de los servicios. A su juicio, el sistema sanitario debería basarse en el paciente, «haciendo de la atención primaria el eje de un sistema más justo, eficiente y sostenible, porque dichos recortes afectarán a la población más débil».
Uno de los momentos destacados en la secuencia de acontecimientos fue cuando el presidente del Colegio de Médicos de Barcelona (COMB), Miquel Vilardell, hizo público su desacuerdo con las medidas planeadas por el consejero Boi Ruiz. El nombre de Vilardell había sonado como posible candidato a dirigir el Departamento de Salud si CiU ganaba las elecciones autonómicas, pero prefirió seguir al frente del Colegio. Podría sonar chocante que Vilardell se alzara contra las medidas propuestas por la Consejería, teniendo en cuenta que Artur Mas lo había nombrado presidente de la Comisión Asesora del Gobierno en materia de Sanidad. Sin embargo, Vilardell rechazó la posible dualidad y solicitó paralizar las medidas que pudieran afectar a la calidad asistencial. «Cuando acepté esta responsabilidad –declaró– mantuve que lo hacía para ejercer de portavoz de la sociedad civil sobre la forma en que se hicieran las cosas. Y en este momento, como presidente de la Comisión Asesora, debo decir al presidente que es necesario repensar el tipo de medidas que se están aplicando que afecten o puedan afectar a la calidad asistencial»
Otro de los que se rebelaron fue el experto en economía sanitaria Guillem López Casasnovas, también miembro de la Comisión Asesora de Artur Mas. Dijo que los recortes son necesarios, pero que estaban mal planteados. A su juicio, se deberían poner en marcha medidas «para distribuir el coste de la crisis más equitativamente».
Un día después de las declaraciones del presidente del COMB, Boi Ruiz garantizó el 100% de la atención urgente, primaria y de enfermedades graves, en aplicación de un acuerdo aprobado por el Consejo Ejecutivo del Gobierno autonómico con el fin de desactivar una alarma que consideraba injustificada y calmar el malestar generado por los recortes sanitarios entre los profesionales y la población. El consejero recordó que todavía no se había certificado ni validado ninguna medida y se comprometió a devolver a los hospitales los planes que no garantizaran tales derechos.
Aplazamiento de las medidas más drásticas
No fue suficiente para aplacar los ánimos. Las protestas y declaraciones en contra de los recortes se fueron sucediendo a lo largo de los días. El 27 de abril era la fecha en que el Departamento de Salud debía especificar qué medidas se pondrían en marcha para ahorrar los 1.000 millones de euros. Sin embargo, el anuncio tuvo lugar la víspera y fue distinto de lo esperado. El Gobierno de la Generalitat decidió posponer los recortes más drásticos y difíciles de consensuar hasta pasadas las elecciones municipales del 22 de mayo. Al mismo tiempo, se declaraba a favor de reabrir una ronda de contactos con los distintos agentes sanitarios implicados. Por una parte, el anuncio apuntaba a una apertura hacia el diálogo, pero por otra se advertía cierto temor a las repercusiones negativas que los recortes podrían tener sobre los resultados electorales. No hay que olvidar que el candidato favorito a convertirse en el próximo alcalde de Barcelona es Xavier Trias, ex consejero de Sanidad de CiU.
Al respecto, el secretario general de Metges de Catalunya opina que el aplazamiento de la puesta en marcha de las medidas más controvertidas hay que valorarlo en su justa medida. «Dicen que se aplaza para que aportemos conocimiento –comenta Gallego–. Si es así, bienvenido sea, aunque es algo que venimos pidiendo desde hace meses. Pero al aplazarlas ahora es irremediable que todos pensemos que se trata de una decisión electoralista».
El portavoz del Consejo Ejecutivo, Francesc Homs, explicó que con el aplazamiento se gana tiempo para escuchar la opinión del sector, y que las medidas se pondrían en marcha en dos fases, una inmediata y otra pasadas las elecciones. Josep Maria Pedrosa, director del Servicio Catalán de la Salud, fue el encargado de exponer las primeras medidas, destinadas a ahorrar 562 millones de euros. La reducción lineal del 2% en las tarifas que se pagan por cualquier acto asistencial a todos los proveedores de salud, además de la eliminación de programas específicos establecidos en años anteriores y que estaban orientados al cumplimiento de objetivos concretos, podría reducir el presupuesto en 220 millones. Otros 230 millones podrían ahorrarse en la partida farmacéutica a lo largo del presente año. También con la paralización de algunas inversiones previstas se ahorrarán 70 millones, así como otros 42 simplificando el 25% de la estructura administrativa de la Consejería y el CatSalut. Según Padrosa, el objetivo es que las medidas tengan «la menor repercusión posible en el ciudadano y que en ningún caso se vea afectada la calidad asistencial».
Así las cosas, queda pendiente por negociar y aplicar la segunda fase de medidas, las más «drásticas», según la propia Consejería. Mientras tanto, el resto de España mira de reojo lo que ocurre con la sanidad catalana. Antoni Gallego opina que si en otras comunidades no se han tomado medidas como en Cataluña puede deberse, entre otros motivos, a que muchas están a la espera de los resultados en sus elecciones autonómicas del 22-M. En cualquier caso, la recomendación del secretario general de Metges de Catalunya es la misma para todos: «Dejen la salud en paz, no estropeen la salud de su autonomía».
