Nueve médicos españoles han los galardonados con los primeros Premios a la Trayectoria Profesional con los que la Organización Médica Colegial (OMC) quiere reconocer su ejercicio profesional, su trayectoria y su comportamiento como profesionales de la medicina.

Los premios han sido propuestos por los Colegios de Médicos de toda España, la Comisión Permanente de la OMC y sus Vocalías Nacionales y los galardonados han sido elegidos por un jurado presidido porAlberto Berguer Sánchez, y del que han formado parte Marcos Gómez Sancho (Vicepresidente del Jurado), Miguel Bruguera, José Ramón Repullo, Rogelio Altisent, Maria Castellano, Veronica Casado y Serafin Romero en calidad de Secretario.

El Premio en la categoría de Hospitales ha sido para Francisco Gómez Rodríguez, catedrático de la Universidad de Cádiz y jefe del servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario Puerto Real, por su «humanismo en la dedicación y atención a los pacientes» y su «faceta innovadora» con la creación de la unidad de ingreso penitenciario, así como por su compromiso con la formación de los médicos de Instituciones Penitenciarias.

Esta categoría ha contado con un Accésit que ha recaído en Agustín Zamarrón Moreno, especialista en Aparato Digestivo y Medicina Interna, ex Jefe de la Sección de Medicina Interna en Miranda de Ebro (Burgos), actualmente jubilado, por su trabajo en «los diversos ámbitos del hospital», desde la dirección a la labor asistencial y, en especial, por su apertura a nuevas perspectivas de la asistencia hospitalaria.

El Premio Docencia e Investigación es para Fernando Alonso-Lej de las Casas, especialista en cirugía cardiovascular, con más de 50 años de experiencia docente, investigadora y quirúrgica, principalmente desarrollada en el Hospital General de Asturias y en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza, tras siete años de formación en Maryland (EEUU). El jurado ha destacado su labor innovadora en la formación especializada a través de su propuesta de rotaciones hospitalarias, una experiencia que sirvió como ensayo del actual MIR.

El Premio Otros Ámbitos Asistenciales ha sido para Enrique Villanueva Cañadas, catedrático de Medicina Legal y Psiquiatría de Granada, y ex miembro de la Comisión Central de Deontología de la OMC, por sus aportaciones a la Medicina Legal y Forense, así como por su labor en la formación médica en los aspectos éticos de la relación medico paciente y en la defensa de la profesión en aspectos medico jurídicos y profesionales.

En esta categoría ha recibido accésit Javier Rocafort Gil, actual Director Asistencial del Hospital de Cuidados Paliativos Laguna de Madrid, por su «intensa labor en la organización de los cuidados paliativos, en su aspecto científico y asistencial y también como en su desarrollo profesional" Esta labor la inicio en el Hospital San Juan de Dios de Pamplona y en Extremadura, donde fue responsable de la implantación del Programa Regional de Cuidados Paliativos.

En la categoría de Gestión el premio ha recaído en María Antonia Pedraza Dueñas, Médico de Familia, especialista en Microbiología y Parasitología, y actual Gerente de Atención Especializada del Área de Salud de Ávila. El jurado ha valorado su experiencia profesional, tanto en la gestión de Atención Primaria como Hospitalaria, y ha destacado su trabajo en la dignificación de este desarrollo profesional, acercándola a todos los ámbitos asistenciales (plan de coordinación AP-Hospital) y con repercusión sobre los ciudadanos.

José Manuel Solla Camino, médico de Atención Primeria en Allariz (Ourense), ha sido el ganador del Premio Humanidades y Cooperación, por haber sabido compaginar su dedicación a la AP en el ámbito rural con sus proyectos de cooperación en el Sahara y Nicaragua, así como acciones directas en zonas de catástrofes como en Haití. Ha destacado el Jurado también su defensa del humanismo médico y sus aportaciones a la ética como miembro de la Comisión Deontológica de la OMC.

En esta categoría de Humanidades y Cooperación Juan Manuel Laborda Oñate ha sido premiado con un Accésit. Especialista en Oftalmología, es director Médico del Hospital La Arruzafa (Córdoba) y un referente en este campo de la medicina en España. El jurado ha destacado su vocación de servicio, su altruismo y generosidad y su trabajo en la formación de equipos quirúrgicos que han trabajado en proyectos humanitarios en Ecuador, Tanzania, Madagascar, Guinea Ecuatorial y El Sahara. 

Ante las diferentes hipótesis barajadas en el desarrollo y aplicación del Real Decreto Ley 16/2012 en lo referente a la atención sanitaria a personas en situación irregular, la Organización Médica Colegial ha elaborado una declaración, aprobada hoy en Asamblea General, en la que manifiesta que «el médico, en todo momento, debe atender a todos, independientemente de su situación legal» y expresa su confianza en que las Administraciones sanitarias respeten el deber deontológico del médico de atender a todos los pacientes, entre ellos, los inmigrantes en situación irregular.

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través del director general de Farmacia, Agustín Rivero, que ha asistido a esta Asamblea General como invitado, ha manifestado que siempre respetará las actuaciones de los médicos basadas en sus deberes deontológicos.

La Asamblea Extraordinaria de la OMC, celebrada este fin de semana en Madrid, en la que han participado los presidentes de los 52 colegios médicos de España, ha consensuado una declaración con la que pretende ofrecer «orientaciones deontológicas ajustadas al marco deontológico de la profesión médica» y «aclaraciones a las interpretaciones que esta norma ha producido en distintos ámbitos sociales, políticos y sanitarios».

La OMC afirma que «ve con preocupación la promulgación de normas legales y reglamentos que, según como se entiendan y se apliquen podrían generar problemas de desatención sanitaria entre el colectivo de inmigrantes que no tengan regularizada su situación».

Tras señalar que entre los profesionales sanitarios se están planteando medidas de diferente tipo para hacer frente a esta situación –desde la objeción de conciencia, la desobediencia civil o la insumisión-, respuestas, que según la OMC, «no se pueden confundir en ningún caso», la corporación hace un análisis deontológico ante la retirada de la asistencia sanitaria a inmigrantes sin permiso de residencia, quienes, a partir del 1 de septiembre, solo tendrán derecho a la asistencia sanitaria en caso de urgencia, embarazo y parto o si son menores de edad.

En su análisis deontológico, la declaración de la OMC plantea la cuestión desde el ámbito de la ética profesional, propio de la corporación, y formula consideraciones desde el ámbito de la atención de urgencia, desde la continuidad asistencial, desde la objeción de conciencia y desde el ámbito de la desobediencia civil.

Desde el ámbito de la atención de urgencia, la OMC alude al deber de «todo médico, cualquiera que sea su especialidad o la modalidad de su ejercicio» de prestar ayuda, según se recoge en el artículo 6.1 del Código de Deontología Médica.

En cuanto a la continuidad asistencial, preservada en el propio Código en su art. 11, la declaración expresa que «si se llegará producir una interrupción de la asistencia a un paciente por razones ajenas a su voluntad como puede ser un cambio normativo, el médico no puede interrumpir sin más la atención del paciente, sino que debería velar por ayudar, en la forma que sea adecuada, a la continuidad asistencial cuando esta sea precisa».

En el ámbito de la objeción de conciencia, la OMC analiza el supuesto de si, por aplicación de la norma, cabría plantearse si es viable acogerse a este derecho. Tras señalar lo que estable los artículos 32.1, 33.3 y 35 sobre objeción de conciencia y lo que de estos se deriva, asegura que «no procedería la objeción de conciencia si las medidas adoptadas por las autoridades sanitarias en su respectivo ámbito competencial, garantizasen, con las medidas organizativas apropiadas, aquella asistencia que resulte adecuada para estos supuestos especiales».

En cuando a la consideración de desobediencia civil o insumisión, como «oposición activa y frontal a una Ley que se considera injusta y a la que se desafía con la intención de derogarla, aceptando las consecuencias de la represión e, incluso, provocándola», la declaración considera que «este tipo de medidas escapa a las finalidades que la OMC ha de satisfacer como corporación de derecho público, en el ejercicio de sus propias potestades públicas».

En su reflexión final, la declaración de la OMC asegura que «es consciente de que la autoridad sanitaria ha de hacer frente a una situación extraordinariamente compleja, de ajustes económicos que obligan a extremar las medidas con el fin de hacer viable el SNS en beneficio de todos los ciudadanos que lo sostienen con sus impuestos» y que es necesaria la adopción de reformas que «impulsen la suficiencia económica y la eficiencia en la gestión asistencial para evitar que se tengan que recortar prestaciones básicas a toda la población».

La OMC considera que sería «equivocado» retirar la asistencia sanitaria de a los inmigrantes en situación irregular; cree que es preciso «evaluar el impacto económico y socio sanitario de las medidas que se vayan a adoptar» y alerta de que «si las autoridades sanitarias no adoptan con urgencia medidas apropiadas, esto podría generar una distorsión asistencial que, sin duda, va a repercutir en el resto de la población, especialmente, en los servicios de urgencia».

La OMC considera que el Gobierno de España «debe ofrecer soluciones que eviten a los sanitarios españoles un dilema entre la norma y los postulados deontológicos, sin que ello signifique desconocer los efectos económicos que habrán de encontrar solución en la correspondiente vía administrativa». En este escenario, asegura que «tienen cabida las medidas anunciadas de facturación a los países de origen», pero «sin que retire la asistencia sanitaria a aquellas persona que la precisen, especialmente, los enfermos crónicos».

Tras consideras «que no es cuestión médica cómo se regule los trámites administrativos; esto es algo que debe determinar el Gobierno Central en colaboración con las CC.AA», la OMC afirma que «el médico, en todo momento, debe atender a todos, independientemente de su situación legal».

En este objetivo, ofrece a las autoridades sanitarias la «leal colaboración de los profesionales» y reclama que «se respeten nuestras actuaciones basadas en el cumplimiento de los deberes deontológicos de atención urgente, estado de necesidad o requerimientos de continuidad asistencial».

Tres organizaciones que representan intereses científicos, laborales y profesionales de médicos españoles (La Federación de Asociaciones Científico-Médicas Españolas (FACME), la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y la Organización Médica Colegial (OMC) han decidido constituir una Plataforma de Acción ante la grave situación por la que atraviesa nuestro Sistema Nacional de Salud:

Dicha Plataforma surge como respuesta a los recortes indiscriminados que están sufriendo los servicios de salud de todas las comunidades autónomas, que atentan contra la asistencia sanitaria de los ciudadanos, el futuro laboral de los médicos y su dignidad profesional.

Asimismo, esta unión refuerza el compromiso de la profesión con la calidad asistencial y la seguridad clínica de los pacientes, afectados como consecuencia de los recortes. y la defensa de la supervivencia del SNS y de las características esenciales de nuestro modelo sanitario (equitativo, solidario, de calidad, universal).

La Plataforma también deberá servir para consensuar las medidas necesarias e impedir el deterioro crónico provocado por la infrafinanciación del SNS.

Según estas organizaciones médicas, los recortes «van a ser la excusa perfecta para la privatización del SNS, algo que las organizaciones firmantes no deseamos y rechazamos frontalmente. De esta compleja situación no es posible salir sin la participación efectiva de los médicos que, hasta ahora, no han sido tan siquiera consultados».